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El voluntariado y las actividades que forman parte de su quehacer son una manera de involucrar directamente a la sociedad civil en los problemas que enfrenta el Estado y los particulares en materia de desarrollo social, superación de la pobreza y en casos de emergencias o catástrofes. Las personas voluntarias contribuyen desinteresadamente tiempo, trabajo, conocimientos y experiencia, todo lo cual conforma una red de actividades cuya finalidad fundada en la solidaridad y el interés general, aporta directamente a estructurar una sociedad inclusiva y comprensiva de todas y todos quienes la conforman.
En naciones como Argentina, Colombia y España, a pesar de no aparecer explícitamente en sus respectivas constituciones, las actividades de voluntariado cuentan con estatuto propio de derechos y deberes y una estructuración fiscal de fomento y promoción con leyes específicas que la resguardan.
De acuerdo a un estudio de la Fundación Trascender del año 2014, el 70% de los chilenos considera que somos un país solidario y que el trabajo voluntario es mejor que la donación en dinero para construir un país más desarrollado, con mayor integración social, más participativo y menos desigual.
Asimismo, en otro estudio realizado por la misma Fundación junto a Cadem el año 2018, arroja que un 36% de los chilenos declara que hacen algún tipo de voluntariado, cifra positiva que refleja un alto crecimiento respecto a la última medición en 2015, donde solo un 11% señalaba hacer voluntariado. No obstante, el último estudio de Trascender publicado en diciembre de 2021, demuestra una caída de 10 puntos en las actividades de voluntariado que realizaron chilenos y chilenas durante el 2021, bajando de un 32% en el 2020 a un 22% este año. La mayor parte de los chilenos (39%) prefiere el trabajo comunitario, pero destacan la subida de las actividades relacionadas a la protección del medio ambiente (de 24% en 2020 a 30% este año) y las actividades para niños y adolescentes, y clases (23% y 20%, respectivamente).
Bajo este marco, las actividades de voluntariado tienen una escasa regulación en nuestro país, a diferencia del derecho comparado, donde en países como los anteriormente mencionados, cuentan con legislaciones específicas. En Chile hay una reducida mención en la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que solo reconoce a las Organizaciones de Voluntariado como Organizaciones de Interés Público “cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario, a favor de terceros, y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes”, y genera un catastro, sin profundizar en una política pública al respecto.
Durante el año 2016, se ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por substancia la “promoción, fomento y protección de la actividad y acciones de voluntariado, las organizaciones de interés público que desarrollan dichas actividades y la regulación de las relaciones entre los voluntarios y dichas organizaciones”. Es importante recalcar que, en las últimas décadas, el voluntariado se ha transformado en una figura trascendental de participación social, toda vez que a partir del llamado Tercer Sector puede funcionar. Por ello, existe una discusión internacional respecto a los niveles de institucionalización y regulación que debiesen normal dicha actividad; y en ese sentido, la ONU ha sido un gran impulsor de la importancia del voluntariado en la gobernanza internacional, nacional y local.
En suma, se evidencia que, al margen de no existir un marco regulatorio en términos legislativos, el voluntariado en Chile ha aumentado en gran cantidad en los últimos años -al margen de los últimos años de pandemia, pues se evidencia un desgaste emocional y físico importante-, por los que nos enfrentamos a una actividad que está arraigada en la cultura nacional. De acuerdo con cifras de Sociedad en Acción UC, el año 2015 existían 234.502 organizaciones de la sociedad civil, las cuales aumentaron a 319.819 el 2019, lo que pone de manifiesto que el voluntariado es un pilar esencial en una sociedad solidaria. Por ello, se recomienda no incorporar en la nueva Constitución dichas actividades, toda vez que el incremento de la práctica del voluntariado ha sido enorme y con independencia a la legislación.
Historiadora y Gestora Cultural y Encargada de Contenido en Simón de Cirene.